Financiamiento en el Congreso, el Gobierno Nacional declaró Emergencia Económica, decreto que fue firmado el 18 de diciembre de 2025. Esta decisión otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir medidas con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, con el objetivo de enfrentar el déficit económico que atraviesa el país.
Según el Gobierno, las medidas buscan garantizar la estabilidad fiscal y la continuidad de programas estatales. No obstante, el decreto ha generado debate público, ya que permite crear o modificar impuestos sin el trámite legislativo ordinario.
De acuerdo con lo anunciado, los sectores que podrían verse impactados incluyen grandes empresas, especialmente las relacionadas con licores, energía y actividades extractivas, juegos de azar en línea, así como posibles ajustes al gravamen a los movimientos financieros (5×1000), entre otros.
Diversos sectores sociales, económicos y políticos han expresado preocupación por el alcance de estas facultades excepcionales, advirtiendo que, aunque el discurso oficial señala a los grandes capitales, los efectos podrían trasladarse indirectamente a la ciudadanía a través del aumento del costo de vida y los servicios.
La emergencia económica abre un nuevo escenario de discusión sobre el equilibrio entre la necesidad fiscal del Estado, el control democrático y el impacto real de estas medidas en la economía nacional.