Anastacio Bedoya enfrenta una encrucijada política incierta. Como promotor de un mecanismo de consulta para la revocatoria de mandato, se posicionaría en un lugar político dominante y visible, pero sin obtener resultados propios para el Movimiento que lidera.
Esto se debe a que Bedoya tiene tres posibles escenarios, ninguno de los cuales le garantiza resultados propios. El primero es no poder aspirar a ser alcalde, su gran anhelo, ya que está inhabilitado para ello por haber aceptado el cargo de concejal. La ley exige que quien aspire a la alcaldía debe dejar de ejercer su cargo 12 meses antes de las elecciones, y los tiempos no dan si se concreta la revocatoria de mandato de Pedro Ali. Por lo tanto, Bedoya no podrá aspirar.
La segunda opción para Bedoya y su equipo es la transferencia de votos a un tercero, sin saber si esa persona generaría la misma sensación o respaldo. Esto abriría la disputa sobre quién sería ese nuevo candidato o sucesor, y quién heredaría el trabajo político de Bedoya.
Este crucigrama político apunta a que el gran perdedor de este mecanismo, considerado por algunos como vil, sería Bedoya. Al querer generar controversia sin tener certeza sobre su rumbo político, abre posibilidades tanto a sus opositores como a terceros que podrían destronarlo.
En caso de que se dé la revocatoria y Bedoya no logre su objetivo de llegar al poder, podría insistir en este mecanismo con otros mandatarios, generando incertidumbre y miedo en la ciudadanía.
Finalmente, el tercer escenario es el desistimiento de la solicitud de revocatoria del mandato de Pedro Ali. Si Bedoya se retracta, esto le jugaría una mala pasada a futuro, pues se recordaría su silencio en el Caso Bonilla, y cómo en medio de su afán desestabilizó a la ciudadanía magangueleña o, en el peor de los casos, la percepción de que se vendió al alcalde.
En todo caso, el concejal tendrá que tomar una dura decisión que podría afectar su trabajo político y el de su Movimiento Fuerza Ciudadana, así como su eslogan “La pita se va romper”. Hasta el momento, tiene un plazo de seis meses para entregar las firmas de la revocatoria, contados a partir de la entrega del formulario de recolección de firmas que le otorgue la Registraduría.
Lo único que esperamos es que no se le rompa la pita a Bedoya en este pequeño lapso de supuesto afán de poder.
Columna de #AnálisisPolítico